Con civismo, madurez y alegría

 La convocatoria a elecciones es un acto clave de nuestra vida democrática

 Por su eficacia e imparcialidad, el TSE es bastión de la voluntad popular

En una ceremonia cargada de profundo significado cívico y democrático, a la que asistieron los presidentes de todos los poderes de la República y siete de los ocho candidatos presidenciales, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio, el miércoles, el banderazo de salida a la campaña electoral que concluirá con los comicios del próximo 7 de febrero.

Lo hizo, como manda la Constitución, mediante un decreto en el que convoca “a todos los ciudadanos inscritos como electores” a ejercer su voto para seleccionar, libremente, a un presidente (o presidenta), dos vicepresidentes, 57 diputados y 495 regidores (más sus suplentes). Lo hizo, también, con la autoridad que otorgan la Constitución y las leyes.

Pero, sobre todo, lo hizo con la legitimidad que deriva del desempeño impecable del Tribunal. Gracias a él, a su capacidad organizativa, al compromiso de los partidos y a la adhesión democrática de los ciudadanos, durante más de medio siglo el TSE ha podido conducir 14 elecciones nacionales, dos comicios municipales autónomos y un referendo. Y en todos ellos ha sido escrupuloso de la voluntad del pueblo.

Sin embargo, a pesar de la trayectoria impecable de nuestros procesos electorales, durante los últimos años no han faltado minorías que, con afán destructivo y sin base alguna, han pretendido deslegitimar al TSE e, incluso, a todo el sistema político. Por esto, en el discurso de convocatoria, su presidente, magistrado Luis Fernando Sobrado, no solo pidió a los partidos, dirigentes y ciudadanos “asumir, con prudencia y sensatez, el debate preelectoral” y propiciar una campaña en la que “prime la discusión de ideas y el respeto por el adversario”.

También, recordó que “no son tampoco admisibles las estrategias de descalificación anticipada de la institucionalidad electoral, sobre la base de mitos, de teorías conspirativas o de conceptos que, injustificadamente, pongan en duda su transparencia electoral”.

Se trata de un llamado esencial. Y aunque los sectores antidemocráticos, empeñados en debilitar las instituciones, le presten oídos sordos, el resto de los ciudadanos, que somos abrumadora mayoría, debemos cerrar filas alrededor de un Tribunal y de un proceso que son ejemplares en el mundo y garantía de que prevalecerán nuestras decisiones libres.

Como también dijo Sobrado, de cara a este proceso electoral (como en todos los demás) “cada uno de los costarricenses seremos orfebres de un destino común”. Por ello, debemos afrontarlo con civismo y madurez, pero también con alegría, entusiasmo y, sobre todo, participación. Somos todos los que escogemos a nuestros gobernantes, y todos debemos involucrarnos, con conciencia plena de nuestros deberes y derechos, en lo que ello implica. La orfebrería democrática y republicana es una tarea colectiva ineludible.

Estas elecciones se realizarán al amparo de un Código Electoral reformado y modernizado, que implica importantes avances institucionales. Las principales modificaciones de aplicación inmediata tienen que ver con el financiamiento estatal y privado de los partidos. A partir de ahora, será más transparente y verificable; también más equitativo, y el aporte público trascenderá la dimensión electoral y apoyará también, de manera permanente, la capacitación.

Gracias a los cambios, además, ya no habrá que esperar a que se cuente voto por voto –un procedimiento anacrónico– para dar el resultado oficial, que , salvo si se aceptan apelaciones, descansará en los informes de los centros de votación. A partir de los comicios del 2014, deberá haber paridad absoluta de género en los cargos de elección, y en el 2016, al fin, se celebrarán, conjuntamente y a medio período, las elecciones de alcaldes, regidores y síndicos, lo cual redundará en el fortalecimiento del régimen municipal.

La reforma del Código, aunque fue lenta y parcial, es señal de que nuestro sistema electoral no solo es un entramado institucional que se enraíza, como fortaleza clave, en nuestra historia; también es una entidad viva, que se transforma al ritmo de los tiempos y de las necesidades democráticas.

Sobran las razones, entonces, para celebrar, como lo hacemos cada cuatro años, la apertura de la campaña, y para reiterar nuestra fe en el Tribunal Supremo de Elecciones, como organizador y garante del proceso. También, para renovar nuestra adhesión al sistema democrático como la mejor forma de convivencia posible por la que podemos optar los costarricenses.